Los juristas advierten de que las empresas en graves dificultades pueden contagiar su insolvencia a otras compañías que no lo son, provocando un efecto en cascada. Y recuerdan que en Europa ya no hay moratorias.
Desde el 14 de marzo de 2020, cuando el Covid sumergió a España durante meses en una etapa de oscuridad económica y reclusión social, la moratoria concursal acumula prórroga tras prórroga. Más de 20 meses sin que las empresas en situación de insolvencia tengan la obligación de solicitar concurso de acreedores y sin que sus acreedores puedan instarles el concurso necesario. Un proceso de hibernación que el Gobierno ha decidido ampliar hasta el 30 de junio de 2022 (la actual prórroga vence el 31 de diciembre) con el fin de esquivar una amenaza que se arrastra desde hace meses: el riesgo de una avalancha de declaraciones de insolvencias una vez se levante la moratoria, algo que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa antes de la entrada en vigor de su reforma de la Ley Concursal, prevista precisamente para antes de finales de junio de 2022. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño reconoció el jueves pasado que esta nueva extensión «da seguridad jurídica durante el plazo transitorio hasta la entrada en vigor de la reforma concursal». Pero, ¿están las empresas ante una nueva oportunidad para sobrevivir? ¿O se enfrenta el tejido productivo español a un mayor riesgo de zombificación ante la previsible proliferación de compañías que no suspenden pagos porque no es obligatorio, pero que no tienen capacidad real para continuar con su actividad?
Los expertos coinciden en que esta nueva prórroga aumenta el riesgo de que aumente la superficie de tejido empresarial muerto, y con ello una ineficiente asignación de recursos que podrían servir para salvar a otras compañías viables. Esto es, la nueva extensión de la moratoria es, en el mejor de los casos, un arma de doble filo. «El riesgo de que el balón de oxígeno que aspira a ser esta nueva moratoria acabe explotando convertido en dióxido de carbono existe», advierte Beatriz Rua, socia del área Procesal & Concursal de KPMG Abogados. Para esta experta, «posponer el proceso de reestructuración para poder acogerse a nuevas líneas de financiación y herramientas de reestructuración puede sin duda salvar empresas viables», pero alerta de que «siendo la anticipación una de las claves incontestables del éxito de los procesos de reestructuración, que incrementa exponencialmente el porcentaje de supervivencia, preserva valor y maximiza el retorno a los acreedores, la moratoria puede tener un efecto pernicioso al impedir el concurso necesario de empresas no viables que subsisten artificialmente, incrementando su pasivo y reduciendo las posibilidades de recuperación de los acreedores». En otras palabras, una mayor demora en el inicio de un proceso de reestructuración puede resultar letal para la supervivencia de muchas empresas en graves dificultades y desembocar en una horda de empresas zombis.
Es un diagnóstico compartido por el despacho Abencys, cuyo socio, Manuel Gordillo, advierte de que «la moratoria concursal no está ayudando a esta finalidad sino todo lo contrario, posponiendo artificialmente la solución al problema». Y es que, a su juicio, hará que «muchas empresas en dificultades, que deberían haber afrontado ya medidas difíciles pero necesarias para su supervivencia, continúen agravando su estado y alejándose de una solución». Además, advierte de que existe «la falsa sensación de que la moratoria protege al administrador, pero no es así. No te podrán sancionar por incumplir un plazo, pero sí por haber agravado la insolvencia». Una advertencia en la que coincide Ignasi Figueras, socio de la firma FTI & Partners, quien recientemente alertaba de que el retraso en la solicitud de concurso «a su debido tiempo puede, a pesar de la supuesta protección de la moratoria, acarrear la responsabilidad del administrador de la compañía si en este lapso se ha agravado la insolvencia», además de generar una «total indefensión de los acreedores al impedirles poder instar el concurso necesario».
Muchas de esas compañías acabarán convirtiéndose en muertos vivientes empresariales y, lo que es peor, durante ese lapso seguirán actuando con proveedores y otros agentes económicos, «pudiendo contagiar su insolvencia a otras empresas que no son insolventes», señala Gordillo, quien remarca que «en la mayoría de los países de Europa las moratorias para concursos han terminado».
Efecto dominó
También expeditivo se muestra Alejandro Rey, Socio Director de RS Boutique Legal, en cuya opinión «la aprobación de moratorias concursales de manera recurrente está creando una situación irreal y ficticia en el mercado». Y advierte de que esquivar un procedimiento concursal que es necesario no solo tiene consecuencias para quien lo elude, sino que «mucho me temo que esas consecuencias ya se palpan en aquellos que contratan con esas empresas zombis». Unas compañías que, según el experto, «al encontrarse en un estado de insolvencia actual o inminente, acabaran por no atender las obligaciones que contraigan con los terceros que de forma confiada contraten con ellas», por lo que, a su juicio, «el efecto dominó o en cascada es cuestión de tiempo».
UNA PRÓRROGA QUE NO ES UNA «BARRA LIBRE»
La nueva prórroga de la moratoria concursal se produce en un contexto en el que numerosas compañías estarían ya en una situación en la que no podrían cubrir sus gastos con sus ingresos. Un informe de la consultora Informa D&B cifraba ya en abril en 40.000 el número de estas sociedades zombis. A ello se suma que el 51% de las empresas que los registros oficiales consideran activas no tienen realmente actividad, según un estudio publicado por Iberinform el 10 de noviembre. Es decir, 1,9 millones de compañías. Por ello, incluso entre los expertos que ven en esta nueva ampliación de la moratoria una oportunidad para que empresas en crisis pero viables sigan a flote advierten de que «estos seis meses adicionales no deben interpretarse como una barra libre para las empresas zombis». Es una visión compartida por otros juristas, que instan a las compañías a aprovechar de «forma inteligente» este tiempo añadido para «organizar un plan de reestructuración, llegar a un acuerdo con sus acreedores y encontrar una solución», señala Ángel Alonso, socio de Uría Menéndez, quien añade que ese debe ser el principal mensaje de la nueva moratoria, dirigido a empresas salvables; esto es, «que puedan operar pero que necesitan reestructurar su deuda». Un paso al frente que resulta aún más urgente si se tiene en cuenta que los préstamos del ICO «empiezan a vencer en el segundo trimestre de 2022». En ese sentido, Alberto Velasco, secretario técnico del Registro de Economistas Forenses (Refor), recalca que «pese a que no existe la obligación de presentar concurso, sería muy conveniente que muchas empresas lo hicieran»; cree que esta nueva extensión de la moratoria debería ir «acompañada de una campaña para concienciar a las empresas en dificultades de que acudan a un proceso de reestructuración».