Hasta su publicación de forma oficial, prevista para la semana que viene, la sentencia puede sufrir modificaciones pero todo apunta a que no se producirán cambios relevantes.
Los bufetes preparan una avalancha de reclamaciones contrarreloj desde el 26 de octubre. Así lo trasladan despachos grandes, medianos y pequeños de la abogacía de los negocios y de perfiles más cercanos a la gestoría y al consumidor. Estas reclamaciones se empezaron a plantear una vez que se conoció la nota del Tribunal Constitucional a mediodía del martes que informaba de la anulación del impuesto.
Esta comunicación oficial planteaba que sólo podían mantener sus reclamaciones quienes tuvieran procesos abiertos, situaciones que no hayan alcanzado firmeza, lo que incluye las autoliquidaciones, la forma de liquidación mayoritaria, que tienen la posibilidad abierta por los últimos cuatro años no prescritos. Este escenario ya implicaba un efecto llamada para reclamar.
Sin embargo, ante el impacto del fallo en las arcas públicas y el vacío legislativo que provoca hasta que Hacienda mueva ficha, que hacían temer un cambio en la sentencia, los abogados aceleraron las reclamaciones para presentar todas las posibles antes de que se publique la sentencia. La propia nota del TC pone como fecha de corte la de su publicación, el 26 de octubre, no la publicación de la sentencia, previsiblemente, la semana que viene por parte del propio TC ni su publicación final en el BOE. Esta última fecha es la que el Ayuntamiento de Barcelona asegura en una nota que va a tener en cuenta. Asegura que hasta entonces exigirá el impuesto tal cual está incluido en la Ley de Haciendas Locales.
Pero es que la nota del TC, lo único oficial publicado hasta ayer, avala las reclamaciones por los últimos cuatro años no prescritos para quienes hayan autoliquidado. De esta forma, si el borrador de sentencia conocido ayer se confirma, esta enmienda a su propio criterio del TC dará pie a reclamaciones. Así como la pretensión de seguir liquidando el impuesto de algunos ayuntamientos.
A lo que se suma la posible retroactividad que Hacienda se plantea dar a la nueva norma que prepara para liquidar retroactivamente el nuevo impuesto desde el 26 de octubre hasta la entrada en vigor del texto. Y si lo hace vía real decreto ley dará pie a más litigios.