El Ministerio de Montero será el más prolífico de todo el Gobierno con 42 medidas que incluyen actuaciones contra el fraude fiscal o la revisión de la tributación del mecenazgo. Fijará sanciones para lobistas, unificará los embargos públicos e impulsará el tributo a los gases fluorados.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública promete ganar protagonismo en este ejercicio dentro del Gobierno. El departamento que dirige María Jesús Montero no solo liderará el diseño de la reforma fiscal comprometida con Bruselas para acercar la recaudación tributaria de España a la media europea, o tratará de impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, sino que aparece como el Ministerio más prolífico de todo el Gobierno en el plan normativo para 2022 recién aprobado. Un texto que, pese a no recoger ninguna de las dos grandes reformas antes citadas, anticipa una agenda de más de 40 medidas en forma de 30 reales decretos y 12 nuevas leyes.
Uno de los principales objetivos de Hacienda para el año es promover una Ley del Mercado de Tabacos que permita modernizar la lucha contra su comercio ilícito, refuerce la colaboración internacional en esta materia y el control de la fabricación, presentación y venta de estos productos y sus derivados. La norma, anticipa el Ministerio, elevará «el control sobre toda la cadena de distribución», facilitando a las autoridades la persecución de su venta ilegal, asegurando la legalidad de los productos vendidos y elevando la transparencia en las relaciones del poder público con las tabacaleras.
Otra bloque del plan es una batería de medidas de refuerzo de la inspección tributaria entre las que destacan cambios reglamentarios para apuntalar la capacidad de los inspectores fiscales de llevar a cabo registros en los domicilios constitucionalmente protegidos, fundamentalmente sedes empresariales. Tras los varapalos del Tribunal Supremo a las prácticas de Hacienda en este terreno, el Gobierno reguló estas actuaciones, con permiso judicial pero sin necesidad de preavisar al investigado para evitar la destrucción de pruebas, en la ley antifraude aprobada el pasado julio. Con el desarrollo reglamentario, Hacienda dará potestad a los delegados de la Agencia Tributaria para ejecutar las órdenes de entrada firmadas por los jueces a fin de apuntalar jurídicamente unos registros que venían siendo cuestionados en los tribunales.
Además, Hacienda prevé potenciar los sistemas de vigilancia aduanera y penalizar el abandono de mercancías en operaciones de contrabando.
De otra parte, Montero se ha fijado el objetivo de actualizar este año la tributación de las entidades sin fines lucrativos así como los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que podría suponer un recorte de las ventajas tributarias menos eficientes en este campo. También revisará el tratamiento de dividendos y participaciones en beneficios de instituciones de inversión colectiva en la Renta de los no residentes y aprobará el impuesto a los gases fluorados.
En el plano tributario, el plan recoge varias actuaciones de mejora de la coordinación con las autoridades tributarias de otros países, a fin de compartir más datos relativos al IVA aplicado al comercio electrónico, por ejemplo, así como medidas para facilitar a los contribuyentes la subsanación de errores cometidos en las autoliquidaciones de impuestos presentadas.
Otra iniciativa sobre la mesa de Montero es la de facilitar el intercambio de información entre las distintas administraciones públicas y las autoridades fiscales nacional, regionales y locales para la mejor coordinación de las actuaciones de embargo a través de una única plataforma común que gestionará la Agencia Tributaria.
En paralelo, el Ministerio prevé mejorar los sistemas de contratación pública y evaluación de las actuaciones de la Administración General del Estado en el marco de la gestión de la ayuda europea, y modernizar la función pública mediante una ley que permita captar y retener el talento. A su vez, se fijarán nuevos conflictos de interés en el sector público y se establecerá un régimen sancionador ante irregularidades cometidas por lobistas de grupos de interés, funcionarios y altos cargos.
Aunque la reforma fiscal en sí no aparece específicamente en el plan normativo, a la espera de que el Ministerio comience a diseñar su puesta en marcha a partir de la propuesta que le entregue a finales de febrero el comité de expertos creado a tal efecto, Hacienda anticipa que promoverá un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en el que «sentar las bases de la política económica y presupuestaria del ejercicio».