Aseguran que la lucha contra el fraude es una «asignatura pendiente» de la democracia. Piden rebajar el límite para entrar en la lista de morosos y crear dos nuevos delitos fiscales.
La lucha contra el fraude es una «asignatura pendiente» desde el restablecimiento de la democracia, y precisamente, incrementar los controles es una de las exigencias que la Unión Europea ha puesto a España a cambio de los fondos Next Generation.
Así lo recordó este jueves la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), quien propuso varias medidas como la muerte civil de los grandes defraudadores, rebajar el límite para entrar en la lista de morosos, crear dos nuevos delitos fiscales y poner fin a la «simulación del domicilio fiscal» en una comunidad autónoma distinta a la que se reside y que tiene los impuestos más bajos.
La entidad clausurará hoy su congreso en Vigo y este marco le sirvió para exigir una reforma de la Ley General Tributaria para retirar el NIF en los casos de fraude «más graves o de carácter organizado». De esta forma, los afectados vivirían una especie de muerte civil, ya que serían excluidos por el sector financiero y las administraciones públicas.
En el documento Algunas propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las administraciones tributarias en el marco del plan de resilencia, los inspectores concretan que la revocación del NIF impediría realizar cualquier tipo de operación financiera: cargos o abonos en cuentas, compraventa de acciones y emisión y cobro de cheques.
Los afectados tampoco podrían hacer facturas, ganar contratos públicos, obtener subvenciones, acceder a los registros públicos -salvo el civil- y escriturar bienes de contenido económico, salvo las acciones encaminadas a cancelar sus deudas fiscales, detalla el escrito.
Cerco a los testaferros
La muerte civil se aplicaría en personas físicas o jurídicas ilocalizables o de forma reiterada no compareciesen pese a haber sido citados por Hacienda. También afectaría a testaferros, sociedades pantalla, personas o entidades interpuestas formen parte de una trama, responsables solidarios de entidades con impagos, condenados por un delito contra la Hacienda pública y sancionados por infracciones tributarias por encima de un importe aún por definir.
Para el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga, la Agencia Tributaria necesita una reforma «integral» para adaptarla a la realidad del Siglo XXI. El fraude no sólo sigue siendo una «lacra» para la economía española sino que, durante la pandemia de Covid-19, ha crecido un 2%. «Debemos tener mejores estructuras» ya que el fraude es «dinámico», dijo.
Por esta razón, los profesionales pidieron establecer por ley dos nuevos delitos fiscales: el asesoramiento para cometer fraude y la «tenencia injustificable de bienes o derechos», que abarcaría el crecimiento del patrimonio y las rentas declaradas sin poderse atribuir de forma clara.
En 2015, la Agencia Tributaria publicó por primera vez una lista de morosos, una demanda histórica de los inspectores. Entonces, la integraban quienes tenían pendiente de pago cantidades superiores al millón de euros, una cifra que se ha rebajado a 600.000 euros y que los inspectores piden situar ahora en los 300.000 euros. En el caso de las empresas, ven necesario incorporar en el censo el nombre del administrador y su socio mayoritario, entre otros datos.
Para conseguir un sistema tributario «más moderno», Pérez Goga vio necesario insistir en las reformas. Exigió un modelo tributario más simple y sencillo, con menos tramos en impuestos con el IVA y el IRPF. Este último impuesto debería ser el indicador para ayudas y becas, ponderándose con otros datos como patrimonio, cuentas y vehículos. Otra queja es la «escasa o nula aplicación» el artículo 186 de la Ley General Tributaria, que impide a los condenados por fraude obtener ayudas públicas.
Acabar con la «simulación de domicilio» en otra CCAA
Los inspectores de hacienda también exigieron poner fin a una práctica habitual «sobradamente conocida»: la «simulación de domicilio fiscal» en otra comunidad autónoma que tiene unos tipos impositivos más bajos.
Para acabar con esta situación, reclamaron que la ley mejore la definición de dos conceptos -residencia habitual y la estancia temporal-sin que perjudica a los que optan por el teletrabajo.
Al igual que se han reforzado los controles para que contribuyentes con una fuerte conexión con España tengan la residencia fiscal fuera -mayoritariamente en paraísos fiscales-, lo mismo debería hacerse a escala autonómica, concluyen los profesionales.
Impuestos ambientales
Este colectivo también recalcó que una de las principales condiciones que la Unión Europea ha exigido a España en la negociación de los fondos Next Generation es la puesta en marcha de nuevos tributos ambientales para reducir externalidades negativas de algunas actividades económicas.
En este punto, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, anunció que el Gobierno aprobará próximamente una modificación del impuesto sobre los gases fluorados que provocan el efecto invernadero. Su objetivo es que esté totalmente en vigor como muy tarde a lo largo de 2023.
Bardón también recordó que los Presupuestos de 2022 que este jueves aprobó el Congreso y que ahora inician su tramitación en el Senado incorporan el pacto que han alcanzado más de 130 países para que las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% del impuesto de Sociedades.
El informe que presentaron los inspectores también pide que las grandes empresas tributen «en los países donde desempeñan sus actividades comerciales y obtienen beneficios, sin importar donde tienen presencia física».
Otras demandas son reformar el impuesto de matriculación -para eliminar las deducciones existentes a los vehículos de alta gama que tienen un uso turístico-, más competencias para combatir el contrabando y crear equipos mixtos con la Fiscalía para perseguir «delitos graves».