El TJUE dictaminará si miles de accionistas tienen derecho a ser resarcidos por parte de Santander, su dueño actual, por la pérdida de su inversión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará en unos días una respuesta firme a los miles de accionistas y bonistas que llevaron a juicio a Santander tras perder toda su inversión en Popular en junio de 2017.
El TJUE dictaminará el 5 de mayo, casi cinco años después de la resolución, si tienen derecho o no a indemnización por haber invertido en un banco que hizo una ampliación de capital con un folleto que pudo contener datos inexactos o incompletos, según informes periciales que constan en la causa penal.
Santander ofreció en su día a los accionistas que perdieron toda su inversión con Popular que reinvirtieran el dinero en un bono similar a un CoCo a cambio de renunciar a acciones legales contra la entidad. El bono pagaba un cupón del 1% anual. De los 300.000 que perdieron su dinero (2.000 millones de euros por la amortización de los títulos y su cancelación posterior) se adhirieron alrededor de 100.000.
Muchos otros decidieron pleitear contra el banco en juzgados de toda España. «El 99% ha fallado a favor de los inversores que compraron acciones de Popular tras la ampliación de 2016 en juzgados de primera instancia y en muchas audiencias provinciales», según Pablo Rúa Sobrino, socio director de Rúa Abogados, que representa a unos 10.000 inversores.
La sentencia del TJUE afecta a los miles de recursos presentados ante audiencias provinciales o ante el Supremo y que todavía no tienen sentencia firme. El tribunal europeo, la última instancia judicial a la que acudir, está obligado a dictar doctrina en esta causa para dar respuesta a dos cuestiones prejudiciales presentadas en su día por la Audiencia Provincial de La Coruña.
Qué está en juego
El TJUE debe dirimir si los accionistas de un banco resuelto pueden ser resarcidos económicamente al amparo de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71), que reconoce este derecho si la decisión de inversión se ha tomado basándose en un folleto enviado a un regulador del mercado con información que se ha demostrado incorrecta. Los inversores lo tendrían en principio complicado en esta batalla legal, porque el abogado general de la UE de esta causa, Jean Richard de la Tour, entiende que la acción de responsabilidad no está legitimada. El TJUE suele seguir las indicaciones del abogado general en el 70%-80% de los casos, aunque no es vinculante. El abogado general publicó su dictámen el 2 de diciembre. En su opinión, en caso de resolución prevalece la necesidad de garantizar la estabilidad financiera sobre cualquier otra. Además, recuerda que los accionistas de Popular perdieron tal condición (y los derechos asociados) inmediatamente tras la resolución. «El artículo 60 de la directiva 2014/59 [de Resolución] establece claramente que no se pagará indemnización alguna al titular de los instrumentos de capital lo que, a primera vista, parece condenar cualquier acción de responsabilidad frente al emisor de las acciones [Popular, o su heredero legal, Santander] cuyo folleto se censura», explica.
LA JUSTICIA EUROPEA DIRÁ EL 1 DE JUNIO SI LA RESOLUCIÓN FUE LEGAL
Los grandes fondos y accionistas que vieron volatilizarse toda su inversión millonaria en Popular, como el mexicano Antonio del Valle (perdió 475 millones con la resolución) y el chileno Andronico Luksic (113 millones), también están pleiteando para recuperar su dinero, pero por otra vía.
Ambos llevan años batallando directamente contra la Junta Única de Resolución, el organismo europeo que intervino y vendió Popular a Santander en 2017.
Alegan que Popular era solvente en el momento de resolución, como atestiguan varios informes periciales, y que se les ha expropiado la entidad. Y culpan a la Junta de haber alimentado con ciertas filtraciones la fuga de depósitos.
El Tribunal General de la Unión Europea resolverá este caso el 1 de junio, según fuentes judiciales.
Ahí, sin embargo, no acaban los flecos de este caso. Antonio del Valle llevó a España a una corte de arbitraje internacional porque sostiene que el Gobierno no hizo lo suficiente para salvar a Popular y considera que ha violado el Tratado Bilateral de Inversión España-México. La vista se celebró el pasado mayo, pero la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya aún no ha resuelto.