El grupo BFA-Bankia contabiliza un riesgo máximo potencial de 1.500 millones por demandas vinculadas a preferentes y deuda subordinada que quedaría al margen del futuro banco fusionado.
De aprobarse y llevarse a cabo finalmente, la futura fusión de CaixaBank y Bankia heredará varios riesgos asociados con litigios, algunos surgidos para el conjunto del sector durante los últimos años (cláusulas suelo, hipotecas multividisa…) y otros procedentes de las antiguas cajas de ahorros.
Una de las contingencias que registra un mayor riesgo potencial, sin embargo, quedará fuera del perímetro de la futura entidad, según fuentes próximas a la operación. Son las demandas relativas a la comercialización de instrumentos híbridos, que ya han supuesto un desembolso de 1.746 millones de euros para el grupo nacionalizado y que podrían costar hasta 1.536 millones más, según las estimaciones reflejadas en las cuentas de Banco Financiero y de Ahorros (BFA, matriz de Bankia y dueña de un 61,8% de sus capital) a 30 de junio de 2020.
Éste es un «importe adicional máximo» estimado a partir de los cálculos que la entidad ha efectuado sobre su riesgo de futuras reclamaciones judiciales «en relación con la suscripción o adquisición de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas emitidas en su día por las cajas de ahorros», según consta en el informe semestral de BFA.
Fuentes financieras al corriente de la operación de integración explican que este riesgo potencial «está dentro del ámbito de BFA únicamente», por lo que no formaría parte del perímetro de activos y obligaciones integrados en CaixaBank en caso de que finalmente protagonizara una fusión con Bankia.
En 2015 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (Frob) y Bankia llegaron a un acuerdo con el fin de repartir el coste de las indemnizaciones por la mala comercialización de instrumentos híbridos. Los más de 1.500 millones en contingencias potenciales proceden de este convenio, según señalan fuentes financieras conocedoras de la situación de la entidad, que insisten en que esta carga solo la soporta BFA.
De hecho, las cuentas semestrales de Bankia no reflejan estos costes hipotéticos, solo lo hace BFA, cuando en el resto de cuestiones procesales ambas entidades, matriz y filial, contabilizan los mismos riesgos.
Una factura que crece
La potencial contingencia relacionada con la venta inadecuada de preferentes y deuda subordinada ha experimentado un constante incremento durante los últimos cuatro ejercicios, según evidencian las cuentas auditadas de BFA.
A 30 de junio de 2017, el importe máximo que calculaba la entidad participada al 100% por el Frob no superaba los 1.190 millones de euros; un año después, la cifra se elevaba hasta los 1.207 millones y alcanzaba los 1.500 millones en 2019, quedándose un año después en los 1.536 millones actuales.
Fuentes al corriente de la situación de BFA-Bankia explican que el cálculo del importe máximo de esta contingencia no está relacionado con los procesos judiciales en marcha ni con la llegada de nuevas reclamaciones, sino con el valor del banco en Bolsa. «Esta partida está referenciada de manera inversamente proporcional con el precio de la acción», indican, de manera que las caídas registradas durante los últimos años por la entidad en los mercados explicarían la mayor factura potencial.
Fuentes financieras, no obstante, estiman que las posibilidades de que estas pérdidas potenciales acaben materializándose son «remotas». El auditor obliga a contabilizarlas, pero fuentes cercanas al mismo consideran que estas contingencias no se llegarán a realizar.
Procedimientos civiles
Al margen de los potenciales procedimientos vinculados con los instrumentos híbridos, las cuentas de Bankia y de BFA reflejan otras potenciales contingencias que, en este caso, sí serán responsabilidad de la futura entidad resultante de la fusión.
Hasta el 30 de junio de este año, BFA-Bankia tenía vigentes 211 procedimientos civiles de inversores minoristas vinculados con la salida a Bolsa de la antigua caja en 2011 y otras compras de acciones posteriores. Esta cifra ha ido disminuyendo cada ejercicio, ya que en el primer semestre de 2019 se contabilizaban 306 procedimientos, otros 802 un año atrás y 2.920 en junio de 2017, según las cuentas auditadas del banco.
Además de los minoristas, también hay pleitos de inversores institucionales. La contabilidad del grupo BFA no refleja las demandas que faltan por resolver, sino los procedimientos en función de su momento procesal.
Así, a finales de junio de 2020 se habían dictado 84 sentencias en primera instancia en relación con la compra de acciones por parte de estos inversores, de las que 24 habían resultado favorables y 60 desfavorables. Además, había en segunda instancia otras 43 sentencias, de las que 13 se habían resuelto a favor del banco nacionalizado y 30 en contra. Por último, se habían interpuesto otros 21 recursos de casación ante el Tribunal Supremo, de los que la mayoría (12) habían sido iniciativa de Bankia. El banco considera que ya tiene suficientemente provisionados estos riesgos.