A pesar de las medidas de apoyo al empleo aprobadas por el Gobierno desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus, la situación de muchas empresas es límite y los ajustes en materia laboral parecen inevitables.
Tanto es así que una encuesta del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos vaticina que más de 52.000 de las empresas que se han acogido en los últimos meses a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) tendrán que realizar despidos colectivos antes de que acabe este año. Lo cual equivaldría a la pérdida de 300.000 puestos de trabajo ante la incapacidad de estas compañías para mantener sus plantillas en la actual coyuntura de gran incertidumbre y lenta recuperación de los niveles de actividad previos a la pandemia.
Es evidente que la prórroga hasta el 30 de septiembre de las condiciones extraordinarias para los ERTE derivados del Covid-19 y de las restricciones a los despidos procedentes por causas económicas, así como la obligación para las empresas de mantener a toda la plantilla hasta seis meses después del fin de los ERTE van a contener temporalmente el impacto de la depresión pandémica en el mercado de trabajo. De ahí la demanda planteada por la patronal y los sindicatos en las negociaciones con el Gobierno de extender hasta finales de año el régimen extraordinario de los ERTE provocados por el Covid-19, lo que permitiría a las empresas disponer de un mayor horizonte temporal para poder adaptarse a la nueva realidad económica de nuestro país. Si bien el coste para las arcas públicas hubiese sido muy elevado, el impacto en términos de confianza y certidumbre para empresas, inversores y trabajadores habría sido a la larga más beneficioso.
La prórroga de tres meses aprobada el viernes por el Consejo de Ministros de la llamada red de seguridad para el empleo desplegada por el Ejecutivo se antoja escasa dadas las enormes incógnitas que presenta el tercer trimestre para los sectores que concentran el grueso de su actividad en este periodo, como el turismo y el ocio, y aún más para los que afrontan un regreso atípico a la normalidad debido a la concurrencia de las vacaciones de verano. Sin unas perspectivas de negocio más claras en los próximos meses y con los despidos vetados por el encarecimiento que suponen en la práctica las restricciones prorrogadas por el Gobierno, muchas empresas podrían verse abocadas a presentar un concurso de acreedores a corto plazo.