En ambos casos se juzga si sus ex directivos engañaron a los inversores que acudieron a sus ampliaciones de capital con cuentas maquilladas.
La sentencia del proceso que juzga si Rodrigo Rato estafó a los ahorradores que compraron acciones en la salida a Bolsa de Bankia en 2011 está al caer tras diez meses de espera. El tribunal aprovechó el confinamiento para avanzar en las deliberaciones de un caso complejo. Se trata de determinar si ha quedado probado en el juicio que hubo intención consciente de la cúpula de la entidad de engañar a los inversores en aquella salida a Bolsa, que coincidió con la crisis griega y con el momento de peor credibilidad de España dentro del euro. O si bien fue un error empresarial lo que llevó a que alrededor de 225.000 inversores perdieran todo su dinero cuando el banco tuvo que ser rescatado. El apoyo público total fue de 22.424 millones de euros.
Bankia, por cierto, ya devolvió la inversión a prácticamente todos, excepto a los menos de 200 que decidieron seguir pleiteando.
Los jueces son conscientes de que esta sentencia va a ser mirada con lupa y que parte de los fundamentos jurídicos pueden ser utilizados para procesos parecidos. Quizá el más similar sea el caso Popular, que todavía está en fase de instrucción. Es decir, todavía no se sabe si los acusados (Ángel Ron y su equipo) se sentarán en el banquillo.
Aquí también lo que se investiga es si quienes acudieron a la ampliación de 2.500 millones lanzada por Popular en 2016, un año antes de su resolución por Bruselas, lo hicieron basándose en unas cuentas que reflejaban la imagen fiel de la entidad.
En ambos casos, parte de los fondos para estas operaciones se captaron en las redes de sucursales. También en ambos, los inspectores del Banco de España que han peritado la situación detectaron un déficit de saneamientos oculto detrás de refinanciaciones, entre otras prácticas. Y en los dos casos, por último, los hechos pueden ser constitutivos de estafa a inversores y/o falsedad de cuentas.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de cárcel a Rodrigo Rato por estos dos delitos. Considera que durante el juicio ha quedado probado que el expresidente de Bankia sacó el banco a bolsa siendo «plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia» y que se valió de su reputación como exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI para sacar adelante la operación, poniendo en riesgo a todo el sector financiero.
Ningún alto cargo de aquella época se ha atrevido a decir en el juicio que la salida a Bolsa fue algo más que una mala decisión. El exministro de Economia Luis de Guindos describió la situación de Bankia a finales de 2011 como una bomba de relojería. «Tenía una exposición enorme al sector inmobiliario, un nivel de petición de liquidez al BCE muy elevado y no había podido rescatar al Banco de Valencia», explicó. Pero se cuidó mucho de ir más allá.
A los inspectores del Banco de España en su momento les pareció muy preocupante que Bankia saliera a Bolsa con un descuento del 74% sobre el valor contable. También a un directivo intermedio del supervisor, Jorge Pérez, exjefe de normativa contable, quien dijo en la vista oral que eso era «una evidencia de que las cuentas no reflejaban la imagen fiel».
La operación contó con el visto bueno del Banco de España y de la CNMV. El entonces vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, aseguró en el juicio que esa brecha entre valor contable y valor bursátil no tenía por qué implicar nada. «Los inversores valoran cosas más allá de los estados contables, como los riesgos inmobiliarios, la falta de confianza en la economía española y la alta dependencia del mercado mayorista. Y todos esos riesgos estaban recogidos en el folleto», explicó.
Miguel Ángel Fernández-Ordóñez, entonces gobernador del Banco de España, culpó de la caída de Bankia a la llegada de una segunda recesión que nadie esperaba. En el juicio afirmó que su intervención en Bankia se limitó a convencer a Bancaja para que se fusionara con Caja Madrid y que del resto se encargó el Departamento de Supervisión.
Rato se escudó durante el proceso precisamente en que el supervisor avaló la salida a Bolsa.
Acusados
Los 34 acusados son miembros del antiguo consejo de Bankia y directivos, fundamentalmente. La lista también incluye al entonces auditor del banco, Francisco Celma, y al exministro Ángel Acebes, que presidía la comisión de auditoría. También al actual interventor del banco, Sergio Durá.
Los que se juegan condena de prisión son Rodrigo Rato, su entonces mano derecha José Manuel Fernández Norniella y el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. Anticorrupción pide un año y medio de cárcel para Francisco Verdú, consejero delegado durante solo unos meses, por falsear las cuentas de 2011, las que reformuló Goirigolzarri.
Rato, del 71 años, está cumpliendo una pena de cuatro años y medio por las tarjetas black (gastó 99.000 euros, que ya devolvió). Es el único de todos los condenados por ese proceso que no ha logrado aún el tercer grado.